SANTO DOMINGO.-El Consejo del Poder Judicial decidió remitir a la Procuraduría General de la República el caso de una jueza de La Romana que supuestamente falló en contra de una empresa británica que no pagó US$6,000 de soborno que le había exigido para variar la sentencia a su favor.
Tras una sesión celebrada hoy, el Consejo del Poder Judicial identificó a la jueza Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, cuyo caso fue remitido al Ministerio Público para que investigue la denuncia formulada por la abogada Lida Cristina Rodríguez Vargas de la compañía extranjera, ubicada en el este, de la cual no se ha revelado su nombre.
La información se dio a conocer en una nota de prensa enviada a los medios esta tarde.
El presidente del Consejo, Jorge Subero Isa, sostuvo que se envió el caso a la Procuraduría General para que en caso de que se compruebe la denuncia, la sanción no sea solo una medida disciplinaria, “sino que se actúe penalmente y se dé verdadero ejemplo de sanción”.
La información se dio a conocer en una nota de prensa enviada a los medios esta tarde.
El presidente del Consejo, Jorge Subero Isa, sostuvo que se envió el caso a la Procuraduría General para que en caso de que se compruebe la denuncia, la sanción no sea solo una medida disciplinaria, “sino que se actúe penalmente y se dé verdadero ejemplo de sanción”.
Indicó que la abogada presentó como prueba una grabación en la cual aparece una persona que supuestamente actúa como intermediario de Sánchez Molina exigiendo el dinero.
“Lo que se presenta como evidencia en la querella es que precisamente la sentencia se produjo porque el dinero no llegó. Eso dice uno que aparece como intermediario, o sea la persona , el miembro de la judicatura no aparece, ni se le está dinero a ella, es una referencia que se hace a ella”, indicó el presidente del Poder Judicial.
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